En el marco del Proyecto FlacsoLab, organizado por el Programa Hacia un Nuevo Contrato Sexual, se llevó a cabo la charla “Infancia con Derechos”, a cargo de la abogada, Alexandra Maringuer Pasten.
En su presentación Alexandra, señaló que en la actual Constitución de Chile no está presente el reconocimiento de infancia como sujeto de derecho, siendo que se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) [1] en el año 1990, destacando que “se debieran haber incorporado sus cuatro principios fundamentales: (i) la no discriminación; (ii) el interés superior del niño; (iii) el principio de supervivencia, desarrollo y protección; y (iv) la participación, vinculada a la autonomía progresiva del desarrollo de los NNA”.
Alexandra Maringuer Pasten
Asesora legislativa en el Senado de la República de Chile, Máster en Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo en Infancia de la Universidad Autónoma de Madrid y Abogada de la Universidad Diego Portales.
En esta misma línea, la experta indicó que desde el año 2015, se está tramitando el proyecto de Ley de Garantías de Derecho de la Niñez [2] y la misma situación ocurre a nivel de implementación de la política pública, “como bien sabemos; no basta con la eliminación del Servicio Nacional de Menores (SENAME), sino que se debe evaluar si los servicios de protección especializada a la niñez reconocen a niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho y no sólo como objetos de protección” hizo hincapié Alexandra.
También, la especialista destacó que, “las niñas están más expuestas a ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, por los roles y estereotipos de género que determinan tanto su posición como deber social. Es así, que hay prácticas violentas a las que pueden ser sometidas, tales como: matrimonios forzados, embarazos no deseados, trata de personas y explotación sexual”.
Finalmente, la experta realizó una serie de propuestas en materia de infancia para la Nueva Constitución relativa a: (i) la inclusión formal de la infancia en la Carta Magna; (ii) el reconocimiento de familias diversas; y (iii) el derecho de niñas y niños a ser cuidados(as) lo mejor posible. Por ello, la Convención Constituyente tiene el enorme desafío de no sólo proteger la infancia, sino que, a garantizar una educación más inclusiva, fomentando un mayor involucramiento y participación de las personas adultas significativas que se hacen cargo de niños, niñas y adolescentes.
